JESÚS CACHO:

La maniobra parece clara. Metiendo al Rey en la melee logramos involucrar a la más alta magistratura de la nación en un problema que tiene por causa la incapacidad del presidente del Gobierno para adoptar las medidas oportunas en el momento adecuado. Tinta de calamar: desvirtuamos el problema y enmascaramos a sus auténticos responsables. Y como el PP va a rechazar presumiblemente la invitación por tramposa, lo colocamos de nuevo extramuros del Sistema, al tiempo que lo señalamos con el dedo como el malo de esta película de miedo. El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, daba en la diana: "Queremos un acuerdo, pero los signos que está emitiendo el PP no son muy buenos. Parece que Rajoy no está muy dispuesto". El diario El País remataba ayer la faena: “El PP impide el pacto de Estado”. Maniobra habilísima de Zapatero, pero tan arriesgada (véase el desconcierto el viernes de la propia Fernandez de la Vega), tan fácilmente desmontable, que su mentor podría terminar pagando un alto precio por la misma. El mismo precio que el Rey.

Los poderes del Monarca están taxativamente fijados en el artículo 62 de la Constitución, y nada se dice allí de que pueda dirigir la política interior, coordinar las funciones del Gobierno y mucho menos ejercer sus competencias (arts. 97 y 98, CE, sobre la responsabilidad del Gobierno y su Presidente). La actuación frente a la crisis económica constituye acción inserta en la política interior, y por ende labor del Ejecutivo mediante el ejercicio coordinado de sus competencias. El art. 56, CE, alude a que el Rey “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”, pero también dice que “ejerce las funciones que expresamente le atribuyen la Constitución y las leyes”. Si el Rey, por mor de una situación cuya gravedad a él no le incumbe enjuiciar porque no entra en las facultades del art. 62, emplaza a las partes –partidos, patronal y sindicatos- a un pacto de rentas, está entrando en el ámbito competencial del Ejecutivo. Y si lo hace, sólo puede ampararse en su función arbitral y moderadora de las instituciones, lo que implica el reconocimiento de que el Gobierno y su Presidente, instituciones donde las haya, no están cumpliendo con su obligación. De modo que, si no ha sido a pedido del Gobierno, estamos ante una oficiosidad del Monarca, y si lo ha reclamado Zapatero constituye un clamoroso reconocimiento de su propia incapacidad, lo que debería llevarle a dimitir de inmediato.